Organizaciones de derechos civiles buscan bloquear disposiciones que permitirían arrestos de migrantes por parte de policías estatales; la ley podría entrar en vigor el próximo 15 de mayoLey del Senado SB 4, aprobado en 2023 por la Legislatura de Texas, crea un delito estatal por ingresar al país sin autorización y permite que policías estatales ordenen la expulsión de personas condenadas bajo esa legislación / Foto: Facebook /Departamento de Seguridad Pública de Texas – Región Oeste de Texas Organizaciones de derechos civiles presentaron una nueva demanda para intentar frenar partes de la ley migratoria SB 4 de Texas, la cual permitiría a policías estatales arrestar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
La acción legal fue promovida por el Texas Civil Rights Project, la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas (ACLU Texas) y la ACLU nacional, quienes argumentan que la legislación es inconstitucional porque la aplicación de las leyes migratorias corresponde exclusivamente al gobierno federal. La ley podría entrar en vigor el próximo 15 de mayo, luego de que un tribunal federal de apelaciones levantó recientemente una suspensión judicial que la mantenía detenida desde hace años.
El Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4), aprobado en 2023 por la Legislatura de Texas, crea un delito estatal por ingresar al país sin autorización y permite que autoridades estatales ordenen la expulsión de personas condenadas bajo esa legislación.
Las organizaciones demandantes buscan detener cuatro disposiciones específicas de la ley: la creación de un delito por reingresar al país sin autorización, incluso si posteriormente la persona obtuvo un estatus legal; otorgar a magistrados estatales facultades para ordenar deportaciones; castigar a quienes no cumplan dichas órdenes; y obligar a jueces a continuar procesos penales aun cuando la persona tenga un caso migratorio pendiente, como solicitudes de asilo.
“Nuestra lucha contra el SB 4 no termina hasta que la justicia gane”, declaró Kate Gibson Kumar, integrante del Texas Civil Rights Project, mediante un comunicado. “El SB 4 no solo es inconstitucional, sino una ley vil que utiliza nuestros recursos de Texas para perjudicar a comunidades en todo nuestro estado”, añadió.
Hasta el momento, la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, no respondió a solicitudes de comentarios sobre la nueva demanda.
La legislación fue impulsada por legisladores republicanos en medio del aumento de cruces fronterizos registrados en los últimos años, situación que líderes estatales calificaron como una “invasión”.
El gobierno del entonces presidente Joe Biden formó parte inicialmente de las demandas contra la ley en 2024; sin embargo, la administración del actual presidente Donald Trump retiró posteriormente al Departamento de Justicia del litigio, en el contexto de su política de endurecimiento migratorio.
La batalla legal continuó y hace dos semanas un tribunal federal de apelaciones determinó que los demandantes originales no tenían legitimación para continuar con el caso, lo que permitió reactivar la entrada en vigor de la ley.
La nueva demanda busca impedir nuevamente la aplicación de la SB 4 antes de la fecha prevista para su implementación.