Un periodista tiene el derecho de expresar sus opiniones, pero el ciudadano también tiene el derecho a saber que lo que escucha es una opinión y no necesariamente un hecho comprobadoDebo comenzar esta colaboración puntualizando que durante más de 30 años tuve el privilegio de desarrollar el noble oficio del periodismo, lo que me permitió estar al frente de un noticiero por 27 años. La vocación por el periodismo y la comunicación es uno de los legados que mi padre, don Arnoldo Cabada de la O, inculcó en cada uno de los miembros de la familia. Esta situación me permite hablar con conciencia, conocimiento y experiencia real de lo que significa el derecho de las audiencias y la tremenda responsabilidad e importancia que tiene el periodismo en la vida social, política y económica de un país. En ese sentido, voy a detallar las imprecisiones de algunas personas cuando tratan de imponer una agenda sobre los Lineamientos Generales para la Protección del Derecho de las Audiencias.
Es necesario comenzar señalando que el debate que se ha instalado en la conversación social ubica el punto central como una discusión entre gobierno y medios de comunicación. Los derechos de las audiencias de los que hablan los lineamientos pertenecen a quienes escuchan radio y ven televisión. Por supuesto que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esto y el gobierno debe ser el garante que vigile su cumplimiento, pero no puede dejarse de lado que el ciudadano es el sujeto de esos derechos.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho de las audiencias no son incompatibles, sino complementarios. Se puede ejercer el derecho a la libertad de expresión y, al mismo tiempo, sostener que la audiencia tiene el derecho a saber claramente cuándo es una noticia, cuándo una opinión o cuándo es una inserción pagada. Esto es importante porque, al final de cuentas, todos debemos evitar la discrecionalidad que confunda a las personas.En mis años como periodista aprendí que la libertad de expresión no significa ausencia total de responsabilidad en lo que se dice. Un periodista tiene el derecho de expresar sus opiniones, pero el ciudadano también tiene el derecho a saber que lo que escucha es una opinión y no necesariamente un hecho comprobado. La discusión de fondo en este punto es el establecimiento de mecanismos que protejan ese derecho de las audiencias sin afectar la libertad de expresión.
Hace unos días, la gobernadora del Estado de Chihuahua sostuvo que, a partir de los lineamientos, el gobierno puede convertirse en “juez y parte” en la determinación de lo que es verdad o lo que es falso. En esto debo ser preciso: el artículo 12 del proyecto no establece literalmente un tribunal gubernamental de la verdad, sino el ordenamiento de que los concesionarios adopten medidas para no difundir información falsa, descontextualizada o histórica presentada como una realidad actual; pero, para eso, deben remitirse a los criterios editoriales y al código de ética de las propias empresas.
Otra de las inquietudes es la supuesta amenaza de que el gobierno podrá sancionar a los medios quitándoles la concesión. He revisado personalmente el proyecto de lineamientos y en el artículo 54 se establecen multas como medio sancionatorio; ese artículo no contempla la revocación de la concesión como sanción por el incumplimiento de estos lineamientos. Este es precisamente uno de los puntos que refuerzan la necesidad de no sacar de contexto ninguna situación, porque no es a través de generar miedo como se pueden lograr avances claros y definitivos en materia de derechos de las audiencias.
En la etapa en que se encuentra la aprobación de los lineamientos no puede hablarse de absolutos. La propuesta regulatoria fue publicada el 24 de julio y el proceso de consulta corre del 27 de julio al 24 de agosto de 2026. En este punto debemos estar discutiendo tres aspectos: los derechos de las audiencias existen, son reales y deben ejercerse; las reglas concretas a las que deben sujetarse los lineamientos, y la salvaguarda de esos derechos a través de las instituciones. Cualquier asunto político que se inmiscuya va en deterioro de los derechos ciudadanos.Una democracia necesita de medios libres ante el poder, pero también es cierto que los ciudadanos deben tener derechos frente a los medios de comunicación. Una discusión seria sobre este tema consiste en construir reglas que permitan que ningún derecho termine anulando al otro.