Sería un error pensar que con señalar culpables o sustituir funcionarios se habrán resuelto las deficiencias estructurales del sistema electoral mexicanoHistóricamente, los procesos electorales en México han sido muy onerosos debido a los múltiples procedimientos que se llevan a cabo para evitar manipulaciones que alteren los resultados. Los avances logrados en materia electoral no han estado exentos de escándalos que vulneran la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
Situaciones como la elección de 2006, en la que lo menos que se puede decir es que fue tremendamente inequitativa, son solo una muestra de que los logros no deben cegarnos ante las debilidades que aún enfrentamos. La reciente declaración del expresidente Vicente Fox, donde acepta su intervención para que ganara Felipe Calderón, hace más evidente esta situación.
Debemos ser muy puntuales a la hora de señalar que los escándalos en el INE que vivimos en estos días no deben ocultar el problema estructural referente a los costos excesivos de la democracia. Recalco que todas las controversias relacionadas con la presidencia del Instituto Nacional Electoral deben ser examinadas y esclarecidas por los órganos facultados para ello, pero la discusión no debe limitarse a las personas que dirigen el organismo.
La democracia necesita de instituciones sólidas. Sin embargo, eso no implica que sean caras. La autonomía, imparcialidad, transparencia y la capacidad para organizar elecciones que gocen de la confianza ciudadana son indispensables, pero no debemos perder de vista que el tamaño del presupuesto que se le asigna al INE no garantiza, por sí mismo, que se generen las condiciones adecuadas para un proceso confiable.
Debemos considerar las prerrogativas de los partidos políticos, los organismos electorales locales, los tribunales y los gastos asociados a los procesos electorales como parte integral del costo de la democracia. En ese sentido, debemos buscar hacer más eficiente el uso del dinero que se asigna a cada uno de estos rubros, pero también establecer medidas de auditoría confiables para evitar que situaciones como las que actualmente vivimos se repitan en el futuro.
Un punto que no podemos dejar de lado es que la austeridad no debe confundirse con una debilidad institucional, porque reducir los gastos administrativos, eliminar duplicidades y evitar estructuras innecesarias es muy distinto a comprometer la organización de elecciones, su correcta fiscalización y la certeza de los resultado.
Por eso insisto en que la discusión no debe reducirse a cuánto dinero se recorta, sino a cuánto cuesta cada función, qué resultados produce y cuáles son los gastos que pueden eliminarse sin afectar los derechos políticos, porque el verdadero objetivo de una democracia moderna no puede circunscribirse únicamente a ser eficiente, sino también confiable.
Es obligación de todos los actores políticos centrar la discusión sobre el futuro del INE en buscar soluciones concretas. Es necesario revisar los mecanismos de financiamiento, pero también fortalecer todos los sistemas de fiscalización, eliminar gastos injustificados y establecer criterios puntuales de evaluación que nos ayuden a conocer cómo se utilizan los recursos públicos. Esto no significa debilitar al árbitro electoral, sino garantizar que cada peso que se destina a la democracia tenga una justificación y cumpla con una función específica.
Tampoco se trata de emprender una búsqueda de culpables única y exclusivamente con fines políticos, ni de convertir las controversias actuales en una disputa interminable. Por supuesto, cualquier irregularidad debe investigarse, tanto en la administración de Guadalupe Taddei como en las anteriores. Pero sería un error pensar que con señalar culpables o sustituir funcionarios se habrán resuelto las deficiencias estructurales del sistema electoral mexicano.
En México hemos invertido durante décadas enormes cantidades de recursos para construir un sistema democrático. Por ello, sería irresponsable poner en riesgo esos avances; sin embargo, también lo sería conformarnos con instituciones cuyo costo no encuentra una justificación verdadera.
El desafío no está en encontrar quién es el responsable de lo que está mal, sino en que todos participemos en la construcción de soluciones que impidan que estos problemas sigan ocurriendo. La democracia no se fortalece buscando culpables, sino corrigiendo las debilidades, garantizando su eficacia y recuperando la confianza de los ciudadanos.