Ciudad Juárez.— Durante el segmento semanal “Mentiras al Descubierto”, realizado este lunes por el Gobierno Municipal, se cuestionaron las declaraciones del presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata, en torno a la infraestructura necesaria para el programa Vivienda para el Bienestar y se sostuvo que el Estado tenía conocimiento del proyecto desde su etapa inicial.
De acuerdo con la postura presentada por el Municipio, el 21 de abril de 2025 se firmó un convenio de colaboración para impulsar el programa, con la participación de la gobernadora Maru Campos, autoridades federales y representantes municipales.
La administración municipal señaló que, contrario a los señalamientos que responsabilizan al Ayuntamiento por la falta de infraestructura, el Municipio realizó una aportación de 5.4 hectáreas de terreno para el desarrollo habitacional y destinó más de 81 millones de pesos para habilitar un proyecto de más de 720 viviendas dirigido principalmente a familias de bajos ingresos.
El terreno municipal, se explicó, fue seleccionado por su cercanía con escuelas, comercios, parques y otros servicios, con la intención de evitar que las familias beneficiarias fueran trasladadas a zonas alejadas y con mayores carencias de infraestructura.
En contraste, durante el segmento se señaló que el Gobierno Estatal había propuesto un predio de aproximadamente 20 hectáreas en el extremo suroriente de la ciudad, una zona que enfrenta dificultades para garantizar el suministro de agua potable y la infraestructura de drenaje.
Según la versión municipal, Infonavit, Sedatu y Conavi solicitaron al Estado participar en la solución de las necesidades de infraestructura del proyecto.
Sin embargo, se afirmó que la respuesta estatal fue que no se contaba con recursos económicos para realizar dichas obras.
Ante esta situación, el Municipio aseguró que continuó con las gestiones ante las instituciones federales hasta conseguir recursos de Infonavit para la construcción de infraestructura hidráulica y de drenaje correspondiente al proyecto denominado Unidad Infonavit Indomables.
Los trabajos contemplan, entre otras acciones, la perforación de un pozo y la construcción de infraestructura para almacenamiento de agua, además de la red necesaria para atender el desarrollo habitacional.
La administración municipal agregó que también aportó dos terrenos adicionales para las obras relacionadas con el proyecto y destacó que la infraestructura hidráulica, una vez concluida, quedará bajo responsabilidad de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).
Este punto fue utilizado durante el segmento para cuestionar los señalamientos de Mario Mata y plantear una pregunta sobre la responsabilidad institucional en la prestación de los servicios.
El Municipio cuestionó además la capacidad financiera del Estado para atender las obras, al señalar que la administración estatal ha referido absorber más de 2 millones de pesos en derechos de servicios, por lo que consideró necesario explicar por qué no se han destinado recursos suficientes para resolver las necesidades de infraestructura vinculadas al proyecto.
La controversia se desarrolla en torno a un programa cuyo objetivo es facilitar el acceso a una vivienda digna para familias de bajos ingresos y trabajadores que perciben salarios mínimos. La administración municipal sostuvo que la discusión no debería centrarse en el intercambio de señalamientos, sino en garantizar que las casas cuenten con los servicios necesarios para ser habitables.
Con el posicionamiento difundido en “Mentiras al Descubierto”, el Gobierno Municipal buscó contrastar las declaraciones del funcionario estatal con las acciones y recursos que, asegura, han sido aportados por el Ayuntamiento y las instituciones federales.
La postura municipal concluye que los avances en el proyecto son resultado de la coordinación entre Municipio, Infonavit, Sedatu y Conavi, y que la prioridad debe ser concretar las viviendas y garantizar los servicios de agua y drenaje para las familias beneficiarias.
Más allá de la disputa política, el punto central de la controversia permanece en quién debe asumir la responsabilidad de garantizar la infraestructura básica( mientras el Municipio sostiene que ha realizado aportaciones de terrenos, recursos y gestiones, cuestiona al Estado por los señalamientos y por su participación financiera en las obras necesarias.
