Un operativo para desmantelar un narcolaboratorio terminó convirtiéndose en una bomba política de dimensiones binacionales, con repercusiones fuertes especialmente en Chihuahua, donde las reacciones criminales por ese golpe, tal vez, apenas comenzaremos a ver.
La verdad completa no la conocemos hasta la fecha. Apenas sabemos que entre el 17 y 18 de abril, elementos del Ejército y de la Agencia Estatal de Investigación, al mando de Pedro Román Oseguera, aseguraron un complejo casi industrial para la producción de drogas en el municipio de Morelos, a unas 10 horas de la capital del estado.
No era cualquier campamento, sino enormes terrenos sembrados de tambos, hornos, acetona, cilindros de gas y estructuras que, aunque un tanto improvisadas, hablaban de producción mucho más allá de lo artesanal.Los datos que han trascendido apuntan a una capacidad para producir unas 2.8 toneladas de metanfetaminas, que en el mercado podrían tener un valor cercano a los mil millones de pesos. No era algo para abastecer las zonas marginadas de la entidad, sino para cubrir otras regiones incluso fuera del estado.
El golpe era, en términos operativos, contundente. Casi un centenar de elementos desplegados, sin detenidos, sí, pero con una infraestructura criminal desmantelada que tardará meses en reponerse.
Sin embargo, la historia no iba a girar en torno a eso. Horas después, la madrugada del domingo 19, el relato cambió de tono porque en el accidentado camino entre Morelos y Guachochi, la camioneta que encabezaba un convoy de cinco unidades se precipitó a un barranco.
Ahí murieron cuatro hombres: el propio Oseguera, su escolta Manuel Genaro Méndez y dos “instructores” de la Embajada de Estados Unidos, reconocidos así por el fiscal César Jáuregui, quien informó del accidente la mañana del domingo pasado, con una mezcla de cautela y desconcierto.Al comienzo, ni nombre tenían Richard L. Johnston, de 36 años de edad, y John D. Black, de 44 años, como tampoco pertenencia institucional. Eran de EU y punto, sin quedar claro si eran de la DEA, la CIA o HSI.
En ese punto cambió todo. Los días posteriores el tema se había desbordado hacia posibles violaciones constitucionales de Chihuahua y del embajador estadounidense, Ronald Johnson.
Lo que debía ser el análisis de un golpe contra la producción de drogas sintéticas quedó opacado por la muerte de dos agentes estadounidenses cuya presencia nadie puede explicar, porque ni la Federación tenía registro de su ingreso al país. Ellos, “oficialmente”, no estaban en México, pero murieron en una barranca de Chihuahua.Suponemos que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos no adiestra a sus elementos para que se presenten con un: “hola, soy John Smith, agente secreto de la CIA”, sino que usa métodos más sofisticados para sus incursiones extraterritoriales que por décadas la han caracterizado.
Suponemos también que México, en todos sus niveles de gobierno, conoce las técnicas del expansionismo norteamericano y simula bien la cooperación con Estados Unidos desde hace cuando menos un siglo.No por nada, en la historia nacional no oficial, hay presidentes señalados de trabajar para la CIA (Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo); y siniestros personajes como Manuel Barttlet, funcionario todo el sexenio morenista pasado, acusado de administrar al narco durante la hegemonía del PRI, y Genaro García Luna, sentenciado en EU después de ser secretario de Seguridad de Felipe Calderón.
Por ello, si hay que buscar explicaciones a lo que hacían agentes extranjeros en un operativo en Chihuahua, es más fácil encontrarlas en Estados Unidos que en un gobierno estatal, blanco de un vendaval político con todo tipo de intenciones, menos la de conocer la verdad o sumar en la lucha contra la delincuencia.
Claro, no es algo menor el alegato de violaciones a la Constitución ni el margen real y legal de la cooperación internacional. Pero el espectáculo de la confrontación mexicana exhibió todo, menos la coordinación institucional que tanto presumen los gobiernos.
Mientras aquí el fiscal defendía que los extranjeros sólo daban capacitación en drones, la Federación advertía que no existen operaciones conjuntas; mientras en Chihuahua se hablaba de colaboración ordinaria, en la Ciudad de México se abría la puerta posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.El vacío de información certera hizo que crecieran las versiones y las discusiones políticas, más allá de las consecuencias reales de un operativo que detectó un enorme narcolaboratorio y llevó a un accidente con pérdida de vidas humanas.
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El incidente binacional fue aderezado con discusiones políticas banales, algunas en el Senado de la República incluso entre sus más impresentables integrantes, esos de la talla del morenista a conveniencia, Javier Corral y la panista Lily Téllez.
Eso llevó a una invitación a Maru Campos y a su fiscal para acudir ante los legisladores el próximo martes y con ello agrandar el circo. Ese circo en el que el PRIAN de Chihuahua -no el crimen ni las operaciones de Washington- es la amenaza a la seguridad nacional más grave de todos los tiempos.
Y justo cuando México no lograba siquiera explicar lo ocurrido, desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt pidió empatía a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras recordaba una sentencia de su jefe, Donald Trump: “México está perdido”, una frase vieja, pero que en este contexto cayó como gasolina sobre el incendio.La delincuencia no tardó en darle la razón a Trump, pero ahora muy lejos del “Triángulo Dorado”: en un par de días, martes y miércoles, en la carretera Aldama-Ojinaga fueron robadas 10 camionetas a familias; fueron quemadas una decena o más casas en diversas rancherías y la población civil fue atacada con narcobloqueos, incendios en comercios y ponchallantas, en el marco de un choque de la Policía Estatal con un grupo criminal.
“Los Cabrera” y “La Línea” convirtieron la región en zona de guerra, entre versiones de que andaban tras la búsqueda de un líder criminal, Socorro “El Coyo” Ramírez, y que este episodio podría tener vinculaciones al golpe en la sierra. Policías y soldados llegaron tarde un día, nada más; cero detenidos, qué novedad.
Pero si fue reacción por el narcolaboratorio o mera coincidencia, poco importa, porque los actores políticos ya tenían su propia versión de la realidad, llena de imposturas.
La Federación y los morenistas optaron por abalanzarse contra el Gobierno del Estado ante la supuesta traición a la patria por la nada clara participación estadounidense en un operativo antinarco.
Mientras la población civil estaba bajo fuego, la autoridad apenas podía contener los cañonazos de calibre 50; y los panistas intentaban posicionar la idea, ya muy gastada, del narcogobierno de Morena como causa del reclamo nacionalista y soberanista.
El crimen actuó, de nuevo, a sus anchas, mientras las instituciones mexicanas daban muestra de que el sesgo político-electoral y otros intereses ganaban sobre la tan llevada y traída coordinación institucional.
Fuera de una nota diplomática discreta y secreta -como muchos asuntos de la seguridad nacional deben ser- el Gobierno Federal no reclamó a Estados Unidos, al menos no con la intensidad que acusaron sus huestes una traición a la patria a la administración de la gobernadora Maru Campos y el fiscal Jáuregui. Vaya, no faltaron ridículos radicales que pidieron hasta la desaparición de poderes en el estado y otras vaciladas.
La endeble relación Estado-Federación quedó exhibida, finalmente, por una intervención norteamericana que igual ha salido a relucir en otras ocasiones, entre mensajes de soberanía, de coordinación sin sumisión y otros términos que adornan los discursos, pero rara vez son parte de la realidad.
Nomás a guisa de ejemplo, en enero el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, salió a acreditarse la captura del capo canadiense Ryan Wedding, en la Ciudad de México, pero luego el FBI de Estados Unidos reveló su participación; y está también el caso de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido en una operación turbia y medio en la que también apareció la mano norteamericana.
Y así hay un sinfín de casos que jamás quedan claros sobre las lodosas relaciones con Estados Unidos, como el uso de la Ley de Seguridad Nacional para la expatriación en caliente, sin juicio de extradición, de casi un centenar de mexicanos presos por diversos delitos, entregados como ofrenda de México a Trump.
Tenemos así una realidad extraña y muy incómoda para el poder: un operativo exitoso convertido en crisis diplomática; cuatro muertos que exhibieron la opacidad de la cooperación bilateral; una Federación que dice no saber y un Estado que trata de hacer la parte contra el crimen organizado que la federación no hace o hace muy poco; en Chihuahua prácticamente nada.
De ello derivó, precisamente, la creación de una unidad especial de investigación instruida por la gobernadora Campos Galván, quien puso a cargo de la tarea de encontrar las verdades a la eficiente y reconocida fiscal de Mujeres, Wendy Paola Chávez.
Encima de todo, EU aparece entre condolencias y reproches, y deja asomar su intención de intervenir más allá de lo acordado, con más intereses ocultos que el solo hecho de ayudar a México en su seguridad.
Así, todo se reduce a una triste serie de señales de que el país no acaba de ordenar su estrategia de seguridad, que no parece ser una prioridad real del poder y sigue atrapada entre la desconfianza y la simulación, como lo está también la relación bilateral.