Defender el debido proceso no significa defender políticamente cualquier decisión de Rocha. Institucionalmente se puede defender el derecho que tienen todos los ciudadanos mexicanos a no ser condenados anticipadamente, pero eso es totalmente distinto a avalar el regreso a la gubernatura mientras las investigaciones se encuentran abiertasEstos últimos días se presentó un asunto que sirve perfectamente para ilustrar la postura de la presidenta Sheinbaum ante la decisión de Rubén Rocha Moya de regresar a la gubernatura de Sinaloa. Rocha Moya enfrenta acusaciones provenientes de autoridades estadounidenses; sin embargo, una acusación no equivale a una sentencia. Es necesario agotar los procedimientos jurídicos nacionales y no poner en entredicho la soberanía y la independencia de México.
Defender el debido proceso no significa defender políticamente cualquier decisión de Rocha. Institucionalmente se puede defender el derecho que tienen todos los ciudadanos mexicanos a no ser condenados anticipadamente, pero eso es totalmente distinto a avalar el regreso a la gubernatura mientras las investigaciones se encuentran abiertas. Esa es una de las distinciones importantes entre la 4T y el resto de las opciones políticas que nos han antecedido en los gobiernos.
El regreso de Rubén Rocha Moya fue, ante todo, una decisión personal en la que no se involucraron el Gobierno Federal ni el partido MORENA. El partido afirmó públicamente que no tuvo conocimiento previo de su reincorporación y emitió un comunicado deslindándose de esa acción. Las bancadas de MORENA en el Senado y en la Cámara de Diputados hicieron lo propio. Esto es una evidente muestra de que el partido y la 4T fueron ajenos a cualquier operación política para devolverle el poder.La presidenta Sheinbaum, además de deslindarse de una decisión personal, fijó una postura que define el carácter político de su mandato: el gobernante debe evaluar las consecuencias institucionales de sus decisiones, sobre todo cuando estas se relacionan con la búsqueda del poder sin principios, porque, como señaló la propia presidenta, este puede convertirse en arrogancia. Esto es relevante para todos los que ocupan un lugar en el servicio público, pero especialmente para quienes pertenecemos al movimiento.
Es sencillo exigir investigaciones, licencias o responsabilidades cuando el señalado pertenece a un adversario político, pero la fortaleza de las convicciones se demuestra cuando el señalado es un miembro del propio movimiento. Aclaro que ni MORENA ni la presidenta Sheinbaum han declarado culpable a Rubén Rocha Moya, pero tampoco se le ha protegido políticamente. El partido ha sostenido dos principios que amparan a todos los mexicanos: la presunción de inocencia y la necesidad de que las investigaciones continúen sin generar dudas sobre la independencia de las instituciones de justicia. La solicitud de licencia no constituye un reconocimiento de responsabilidad, sino una señal de responsabilidad institucional.
La postura de la presidenta Sheinbaum evita dos extremos que impactan a toda la ciudadanía: el primero es convertir automáticamente en verdad cualquier acusación proveniente de Estados Unidos, porque México es un país soberano; el segundo es impedir el acceso a la justicia y al debido proceso para todos los mexicanos. Se trata de garantizar ambos principios sin renunciar a la soberanía nacional.
Por su parte, Rocha Moya debe entender que gobernar no es solamente ejercer un derecho constitucional. Asumir un puesto de responsabilidad pública también significa aceptar que los intereses personales deben quedar en segundo plano cuando se trata de tomar decisiones institucionales. El bien común debe ser una prioridad en la búsqueda del bienestar general de la ciudadanía.