Aseguran que simuló contratos por 8 barredoras con daño de 105 mdp al erario Chihuahua, Chih.– Los expresidentes municipales de Juárez, Ramón Galindo y Gustavo Elizondo, presentaron una denuncia en contra de Cruz Pérez Cuellar, ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por el presunto desvío de 105 millones 600 mil pesos del erario fronterizo, bajo justificación de renta de 8 máquinas barredoras.
Así lo dieron a conocer en rueda de prensa ambos personajes, encargados del representante legal de recurso, quienes afirmaron que el sobreprecio es notable, y que aparte, no existe evidencia del barrido de calles por tres años, como lo indica el contrato de adjudicación directa con la empresa PYPRA.En 2022, PYPRA recibió por parte de la administración juarense 33 millones 600 mi pesos por el barrido de 8 meses, en 2023 fueron 36 millones por 12 meses y en 2024 otros 36 millones de pesos por 8 meses de servicio; los denunciantes afirman que el barrido diario de las 8 barredoras equivaldría a 411 kilómetros equivalentes a la distancia entre Juárez y Delicias.
El evento tuvo lugar en una sala de prensa del hotel San Francisco, en el centro de la ciudad de Chihuahua, donde Galindo, en su explicación, aseguró que PYPRA es una sociedad de responsabilidad limitada micro industrial, reducida a facturación de hasta 4 millones de pesos anuales, siento que los contratos rebasan por mucho dicha cantidad.Aseguraron ambos que no existe evidencia del trabajo de las 8 máquinas cuyo valor en el mercado es mucho menor al que aceptó el municipio juarense por concepto de renta. Unidades de última generación, dijeron, oscilan entre los 46 mil y 55 mil dólares (alrededor de 850 mil pesos) a la compra y, por lo tanto, bastaban 8 millones de pesos para adquirir 8 máquinas e integrarlas al patrimonio de las y los juarenses.
El 15 de junio de 2026, la presidenta del PAN Estatal, Daniela Álvarez, socializó por primera vez el tema, anunciando la denuncia por parte del órgano directriz del partido, que llegó a través de Galindo y Elizondo, quienes destacaron que es de carácter penal y vinculatoria a cualquier proceso electoral del potencial imputado