Chihuahua, Chih.- La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) judicializó las primeras 22 carpetas de investigación por el fraude cometido por Consultoría Legal y Administrativa G&L en contra de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y hoy formulará imputación como presuntos responsables a Cristina Isabel M. L. y Martín de Jesús H. C.
El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales solicitó y obtuvo de un juez de Control del Distrito Judicial Morelos la orden de aprehensión por fraude agravado dentro de la causa penal 908/2026, la cual fue cumplimentada el 3 de abril como parte de las indagatorias por una serie de denuncias relacionadas con supuestos trámites para incrementar pensiones.
De acuerdo con la Fiscalía, las 22 víctimas que ratificaron su denuncia representan un daño económico de 426 mil 650 pesos, monto correspondiente a estas primeras carpetas ya judicializadas, mientras el resto de los casos continúa en fase de integración.La audiencia inicial contra los imputados quedó programada para hoy a las 8:00 de la mañana, en sala por definir, donde el Ministerio Público formulará imputación por el delito de fraude agravado ante el juez de Control que los requiere.
En este mismo contexto, la autoridad confirmó que una tercera persona detenida junto con los ahora imputados fue liberada bajo reservas de ley, al no acreditarse su probable responsabilidad en esta etapa del proceso penal.
Las investigaciones que hoy derivan en estas detenciones tienen como antecedente la primera intervención ministerial en oficinas vinculadas a estos esquemas, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) acudieron a un inmueble en la colonia Pablo Amaya, tras la primera denuncia relacionada con la empresa identificada como Oportunidades M40.
En ese operativo, Cristina Isabel M. L. y Martín de Jesús H. C., junto con otra persona, fueron detenidos inicialmente por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, luego de negarse a identificarse y mostrar una actitud agresiva ante la autoridad.A partir de esas primeras actuaciones, el Ministerio Público logró avanzar en la integración de las carpetas que hoy judicializan, al establecer la probable relación de los detenidos con el esquema de fraude operado también bajo la razón social de Consultoría Legal y Administrativa G&L.
Las indagatorias ministeriales documentan un patrón en el que los imputados ofrecían a personas adultas mayores gestionar retroactivos en el pago de su pensión y aumentos en el monto mensual a cambio de pagos que en algunos casos alcanzaban los nueve mil pesos.
Las víctimas eran contactadas principalmente a través de redes sociales y posteriormente citadas en oficinas físicas, donde supuestos asesores explicaban el procedimiento y solicitaban pagos en efectivo o transferencias, bajo la promesa de que en un plazo de tres meses recibirían hasta 120 mil pesos.
Para reforzar el engaño, los imputados simulaban llamadas con presuntos funcionarios del IMSS, con lo que generaban confianza y hacían creer a los afectados que el trámite tenía sustento legal.Sin embargo, al no recibir los recursos prometidos, las víctimas comenzaron a sospechar y en febrero acudieron a las oficinas ubicadas en la avenida Zarco, donde encontraron el inmueble vacío, lo que detonó la presentación de denuncias formales.
La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Miriam Tarango, informó previamente que el caso acumula un total de 89 denuncias con una afectación global superior a un millón 426 mil pesos, aunque muchas de ellas aún no las han judicializado.
Explicó que una de las principales dificultades en la investigación radicaba en que los responsables utilizaban nombres y datos falsos, lo que había complicado su plena identificación y el avance procesal de todas las carpetas.
Añadió que la Fiscalía mantiene solicitudes de información ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras instancias a la espera de indicios que permitan robustecer las investigaciones y proceder contra más implicados.
La autoridad estatal destacó que estas detenciones fueron logradas a partir de operativos y acciones de vigilancia que permitieron ubicar a los probables responsables y avanzar en la protección del patrimonio de las víctimas.