Corresponsal en la capital de la ciudad de Chihuahua periodista Sandra Dueñes Monárrez.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 132/2023 al gobierno del Estado de Chihuahua, por actos y omisiones de autoridades que resultaron en la violación de derechos humanos a la reinserción social, a la integridad personal, a la vida, a la seguridad jurídica y a la legalidad, lo que provocó el motín al interior del Cereso No.3 de Ciudad Juárez.
El motín ocurrido en el Centro de Reinserción Social No.3 de Ciudad Juárez, ocurrido el 1 de enero del 2023 fue derivado por actos y omisiones a los derechos humanos de autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua, aseguró la CNDH.
“Tras realizar una exhaustiva investigación del motín que derivó en el deceso de siete personas privadas de la libertad y de otras diez que se encontraban laborando; la evasión de personas internas y lesiones provocadas tanto a personas privadas de la libertad como a personal que trabajaba en el establecimiento penitenciario el día de los hechos.
La CNDH corroboró que, desde el año 2016 en el Cereso No.3 de Juárez prevalecía la sobrepoblación y el hacinamiento, y no se mostraron evidencias de que se hayan realizado acciones efectivas y preventivas para atender la problemática señalada en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP).
Asimismo, se comprobó la insuficiencia de personal de seguridad y custodia en el CERESO-3 para atender sus funciones, que fue uno de los factores determinantes en el motín, no sólo ante la imposibilidad y dificultad de contrarrestar el incidente violento, sino para llevar a cabo acciones preventivas, identificar factores de riesgo y minimizar las probabilidades de que un disturbio de esa magnitud ocurriera; y se observó que prevalece la deficiente separación entre población procesada y sentenciada, así como una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, lo que favorece el agrupamiento de personas que antagonizan entre sí al interior del CERESO.
En las visitas de supervisión llevadas a cabo entre los años 2020 y 2022, se advirtió en el CERESO-3 la presencia de cogobierno y autogobierno, así como de actividades ilícitas por parte de personas privadas de la libertad.
Además, se documentó la existencia de zonas de privilegio, con baños equipados con tina de hidromasaje, pantallas, camas matrimoniales, equipos de aire acondicionado y adecuaciones arquitectónicas realizadas por las propias personas privadas de la libertad.
Por lo anterior, era evidente que en el CERESO-3 prevalecía la libre entrada de objetos prohibidos, incluso armas de fuego, lo que quedó corroborado en el Parte Informativo del 1 de enero de 2023 suscrito por la autoridad responsable del Centro Penitenciario, en el que informó que las personas privadas de la libertad portaban armas de fuego y fueron quienes iniciaron el disturbio violento; y que una vez que egresaron de la fiesta clandestina organizada en las áreas A y B, accionaron las armas para favorecer la evasión de personas privadas de la libertad, lo que indica que el personal de seguridad y custodia había sido gravemente omiso en ejecutar acciones para conservar la gobernabilidad y la vigilancia al interior del penal.