Familiares de los 40 migrantes muertos en el incendio del INM en Ciudad Juárez cuestionan que el excomisionado Francisco Garduño pueda cerrar su proceso, mientras persisten reclamos por atención, reparación integral y responsabilidades de alto nivel_
Ciudad Juárez.— A más de tres años del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos volvieron a colocar bajo cuestionamiento el proceso seguido contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del organismo, al considerar que el caso refleja un trato desigual en la aplicación de la justicia.
El incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 dejó 40 personas migrantes muertas y 27 lesionadas, algunas con secuelas de largo plazo.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves de la política migratoria mexicana y abrió investigaciones sobre las condiciones de detención, los protocolos de seguridad y las responsabilidades de servidores públicos.
La controversia se reactivó ante la posibilidad de que el procedimiento contra Garduño llegue a su conclusión.
Familiares de las víctimas denunciaron recientemente presiones para cerrar el caso y sostuvieron que siguen pendientes medidas relacionadas con atención médica, psicológica y reparación integral.
También cuestionaron la diferencia entre la situación procesal de funcionarios de mayor jerarquía y la de otros imputados que han permanecido privados de la libertad.
“Se está utilizando la maquinaria del Estado para una participación de justicia selectiva”, señaló una ciudadana de Ciudad Juárez al cuestionar que, mientras las consecuencias del incendio continúan afectando los proyectos de vida de sobrevivientes y familias, la responsabilidad penal de los altos mandos no haya derivado en sanciones equivalentes a la magnitud de la tragedia.
Garduño obtuvo en enero de 2025 una suspensión condicional del proceso penal que enfrentaba por ejercicio ilícito del servicio público.
Entre las condiciones establecidas se encontraba ofrecer una disculpa pública, acto que finalmente realizó el 26 de septiembre de 2025.
La medida fue cuestionada por organizaciones y familiares porque formó parte de las condiciones judiciales para la suspensión de su proceso y no representó, de acuerdo con los colectivos, una disculpa del Estado mexicano.
Las críticas también alcanzan el costo institucional de la reparación.
El INM informó en septiembre de 2024 que había indemnizado a familiares de 33 de las 40 personas fallecidas y a 22 de los 27 lesionados, mientras los casos restantes continuaban sujetos a distintos procedimientos.
El organismo aseguró entonces que las compensaciones formaban parte de un Plan de Reparación Integral que incluía rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Sin embargo, familiares y representantes legales sostienen que una indemnización o una disculpa no necesariamente equivalen a una reparación integral cuando permanecen secuelas físicas, psicológicas y económicas.
El reclamo se concentra además en determinar hasta dónde llegó la responsabilidad de la cadena de mando y si las omisiones institucionales que hicieron posible la tragedia fueron investigadas con la misma severidad aplicada a los responsables de menor rango.
El contraste alimenta el señalamiento de “justicia selectiva”: mientras Garduño ha enfrentado el procedimiento en libertad, familiares han denunciado que otros imputados permanecieron encarcelados durante el proceso. Información reciente señala que, entre los altos mandos, Garduño y Antonio Molina fueron imputados pero permanecen en libertad, mientras cuatro procesados entre ellos dos migrantes y un guardia continúan privados de la libertad.
Para las víctimas, el expediente tampoco puede reducirse a determinar quién inició el fuego.
Las imágenes difundidas después de la tragedia mostraron a migrantes encerrados mientras el incendio avanzaba, lo que convirtió el caso en un cuestionamiento más amplio sobre las condiciones de custodia y la capacidad institucional para proteger la vida de quienes estaban bajo responsabilidad del Estado.
A tres años de aquella noche, el debate en Ciudad Juárez ya no gira solamente alrededor de una disculpa.
La pregunta que mantienen víctimas y organizaciones es si la justicia llegará hasta quienes tomaban las decisiones dentro del sistema migratorio o si el expediente terminará cerrándose con responsabilidades diferenciadas.
Para las familias, 40 muertos y 27 sobrevivientes lesionados siguen siendo una deuda que no puede saldarse únicamente con dinero, actos protocolarios o una disculpa pública.