De lo peor que pudiera pasarle a Juárez es que el secuestro dejara de ser noticia de impacto y terminara como mera estadística, lo que convertiría al delito en uno cuyo riesgo mayor no sería que creciera, sino que se normalizara. Sí, como si no fuera uno de los negocios más brutales de las organizaciones criminales.
Los números de la Fiscalía General del Estado dicen que, durante los primeros once meses de 2025, la autoridad atendió a 135 víctimas de secuestro en la ciudad; la mayoría (94) eran personas migrantes, mientras que el resto (41) eran gente de la ciudad, pequeños comerciantes, empleados o sus familiares.En el mismo periodo, los agentes investigadores, con apoyo de las fuerzas de reacción de la Policía Estatal y Guardia Nacional, lograron la desarticulación 24 bandas, algunas de ellas excesivamente sanguinarias, con 117 detenidos en total. Además, la Fiscalía logró 33 sentencias condenatorias, de casos actuales y otros del pasado.
En el papel, el balance parece contundentemente equilibrado, pero en la calle no lo es tanto, porque mientras las autoridades cuentan bandas y detenciones, los secuestros persisten. Cambian de forma y van reorganizándose sus autores, quienes se vuelven más agresivos y selectivos.
Febrero fue el mes más violento, con 41 víctimas. También fue el mes con más detenciones. La coincidencia revela que el secuestro no se detiene con reacciones, sino con prevención, algo más complejo, algo que va más allá de patrullas y operativos.
Hoy el secuestro en Juárez tiene lógica de mercado: los cárteles necesitan liquidez financiera ante la pérdida de otros ingresos y el desgaste que deja la guerra mortal entre bandas; la nacionalidad de la víctima fija el precio; la vulnerabilidad define el trato y ni el combate a la impunidad frena el acelerado ritmo de la incidencia.